Derecho oficial , uno de los pilares del Estado contra la lucha de San Francisco Xochicuautla.

Por Mario Leyva César* 

 

Foto tomada de Frente Juvenil Xochicuautla

Actualmente en el contexto del despojo del Estado hacia los pueblos originarios y del acoso hacia su cultura, el retomar las memorias de resistencia y rebelión, el regresar del pasado la memoria de las formas de lucha y organización política y comunitaria por parte de estos son no solo un desafío a la autoridad gubernamental, sino también a sus cuestiones jurídicas , en donde el Derecho esta impregnado de una ideología neoliberal, que lo convierten en un verdugo y juez de leyes y candados jurídicos que buscan despojar via la expropiación y que representan un atentado contra los derechos colectivos y de libre existencia.

Es asi que uno de los horizontes de la lucha de Xochicuautla y de la gran mayoría de los pueblos indígenas es la búsqueda de alternativas al neoliberalismo y su reproducción cultural entre la sociedad, esto incluye desde la realizacion de cooperativas para una producción autogestiva, hasta la búsqueda de controversias constitucionales y de la apertura de las leyes y la Constitucion como fue el caso de los traicionados Acuerdos de San Andres en el 2001.

En estas ideas acerca de la autonomía y la relación existente entre la jurisprudencia oficial del Derecho y de leyes que representan a la federación, es importante recalcar la distancia entre la tradición y la ley, y en el caso de una nación plurietnica y diversa como lo es México,no son respetadas pues la constante violación de los derechos humanos y culturales de los pueblos tampoco se incluyen:

“El postulado de un verdadero modelo pluralista, es que los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos y protegidos en la constitución, creando un marco para su autonomía que es diferente, pero igual que los poderes del Estado, permitiendo jurisdicción y coexistencia paralelas. En este contexto, incluso son problemáticos clausulas limitadas, introducidas en muchas de las mencionadas provisiones constitucionales que reconocen los derechos indígenas mientras que estos se ajustan a la legislación nacional o constitucional. Diversos comentadores clave los califican de “caja de Pandora”, indicando que estas provisiones pueden fortalecer o debilitar los derechos indígenas”. [1]

Sin embargo y en el contexto de la realidad, esta caja de Pandora abre no solo la justificación de una intervención gubernamental via fideicomisos y explotación mutua del territorio, como lo marca la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México[2], sino que desgraciadamente es un reconocimiento basado en intereses sobre el territorio indígena y donde la ideología neoliberal impregnada en el Derecho oficial, tiene su accionar mediante despojos, desacatos y expropiaciones:

“Por una parte es necesario que los funcionarios del sistema, que se quiere dominante, tengan más fuerza, en el sentido de violencia , que los del sistema cuya eficacia se quiere destruir. Pero por otra parte se requiere que, cuando el funcionario se encuentre frente a un conflicto que involucra a un ciudadano del otro sistema, que cuando sepa que, conforme a su propio saber, las que debería aplicarse son las efectivas, que son las del sistema indígena . Pero con ello ataca esa efectividad, mientras que otorga efectividad a las del sistema que le paga. Es decir se trata de un conflicto entre sistemas normativos, que pasa por la ideología de los funcionarios del hegemonico.” [3]

Esta anterior cita puede comprobarse con el actuar del Estado dentro del despojo hacia Xochi, por el hecho de la violación de amparos y puntos de acuerdo dado entre lxs habitantes y los jueces, legisladores que sirven a los interses turbios de Grupo Higa de Armando Hinojosa Cantú y del actual gobernador, Eruviel Avila Villegas, en conturbenio con una gama de funcionarios criminales por omisión y acción , que van desde Eric Sevlla Montes de Oca, presidente municipal de Lerma, pasando por Mario Villavicencio quien traiciono a su pueblo mediante los arreglos corruptos entre la empresa , el gobierno y el comisariado de bienes comunales , y finalmente Enrique Peña Nieto, presidente de la Republica quien primero nombra santuario del agua al bosque otomí mexica y luego lo expropia como el caso a Huitzilzilapan, demostrando asi su vasallaje al capital.

Detrás de la rectoría del Estado dentro de las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad mestiza, este debiera reconocer las diferencias, sin embargo el papel ha sido de olvido y desprecio, ocultado por programas oficiales de desarrollo y que en la política indigenista llevada a cabo , no se acaba con ningún problema, sino que se acentúan más , pues lo agentes gubernamentales, las empresas y las universidades se vuelcan hacia el poderoso y traicionan a la sociedad*, sin embargo en este auto-reconocimiento de la plurinacionalidad los grupos indígenas y la sociedad civil estamos dispuestos a cambiar ese paradigma impuesto y a intentar abrir las coyunturas autonómicas dentro de las comunidades afectadas no viéndolas como la otredad y el exotismo del folklore o sino como maestrxs en un proceso llamado lucha contra el capital y por la humanidad.

“La plurinacionalidad es el reconocimiento de que la interculturalidad no resulta de un acto voluntarista de arrepentimiento histórico de quienes tienen el privilegio de hacer. Es más bien el resultado de un acto político consensuado entre grupos étnico-culturales muy distintos con un pasado histórico de relaciones, que a pesar de su inherente violencia, abre en al presente coyuntura, una ventana de oportunidad para un futuro diferente. Por esta razón, en el marco de la plurinacionalidad, la interculturalidad, solamente se realiza como democracia intercultural. [4]

Estos actos políticos consensuados se llegan a ver en leyes, decretos y constituciones, muchas de ellas ,hechas a base de sacrificios, sangre, revueltas, fuego, revolución y poder, y dentro de las cuales el Estado Nacional Moderno tiene sus pilares, su justificación y el ejercicio de su poder y que como tal , en el tortuoso camino la formación del mismo, esteha dejado de lado la memoria histórica y la aportación de los pueblos indígenas quienes ante eso han optado por el camino digno de la reivindicación y rebeldía.

Texto dedicado a la memoria de David Ruiz García, de Xochicuautla.

*Miembro de la Red de Antropologías Populares del Sur-Nodo Toluca.

[1](Schabus, 447: 2005).En,,”Atomías Indígenas: status quo o desafío.” en “Autonomías Indígenas en América Latina: Nuevas formas de convivencia política.”, Editado por Plaza y Valdés, Año: 2005. México DF, México.

[2]“Artículo 46.- Para los pueblos indígenas del Estado de México, las tierras que constituyen el territorio que habitan, no sólo son un medio de producción sino que se encuentran estrechamente vinculadas con su conciencia comunitaria.

“Artículo 50.- Los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, regionales, municipales o por localidades, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales adoptados por nuestro país y aplicables, las leyes reglamentarias y demás disposiciones conducentes.

 

El Estado, en coordinación con las autoridades federales competentes y las autoridades tradicionales, en los términos de la legislación aplicable, establecerá mecanismos y programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los territorios regionales, municipales o en las localidades y comunidades indígenas. Para ese efecto, impulsará la constitución de fondos o fideicomisos regionales cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y asesoría técnica a los pobladores de las localidades y comunidades indígenas.”

[3]( Correas 50:2011).En: “Teoría del Derecho y Antropología Jurídica. Un diálogo inconcluso”, Ediciones Coyoacán, Año: 2010, México DF, México.

[4](de Sousa Santos, 118: 2010).En :,”Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur”, Siglo XXI Editores,  Año:2010, México DF, México.