CDMX: Crisis hídrica en la zona de chinampas de Xochimilco y demanda ante la CIDH por ecocidio.
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México.
En el marco de la lucha por la protección del humedal de Xochimilco, chinamperos, activistas y habitantes de la región han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Estado mexicano de ecocidio. Esta demanda no solo busca la protección del humedal, sino también justicia por décadas de omisiones y daños al ecosistema y a las comunidades locales.
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Durante una reciente conferencia, Rigoberto Juárez, un chinampero afectado, expuso la crisis actual en la zona chinampera de Xochimilco. “La decadencia de la zona chinampera no se ha detenido. Las obras supuestamente diseñadas para resarcir los daños han resultado contraproducentes”, señaló Juárez. El problema comenzó en septiembre del año pasado con la presentación de un reporte de trabajo sobre una línea de riego que iba desde el poniente de San Gregorio hasta el Paraje del Acuario. La obra, coordinada por la CORENADR, la Alcaldía de Xochimilco y SACMEX, prometía solucionar el desabasto de agua en los canales de la zona chinampera, pero fue mal planeada y peor ejecutada. Cabe recalcar que en una denuncia previa por parte de los Chinamperos, señañaron a los directivos de la CORENADR Abel Vera y Columba López por agresiones y abuso de autoridad, conlficto que muestra una falta de voluntad de dicha institución a darle solución y tratos dignos a los chinamperos.
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La situación se agrava con la reciente construcción de un distribuidor vial elevado en una zona de humedales de importancia internacional, considerada Patrimonio de la Humanidad y protegida por diversas convenciones y leyes. La campaña “Yo protejo el Humedal” (2020-2022) buscó frenar la edificación del puente vehicular en esta área natural protegida. A pesar de obtener suspensiones judiciales temporales, la obra se concluyó, llevando a los activistas a agotar todas las instancias legales nacionales sin éxito.
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El pasado 5 de abril, la petición fue ingresada virtualmente en la plataforma de la CIDH, firmada por jóvenes, niñas, niños, y chinamperos de San Gregorio Atlapulco. La demanda acusa a los tribunales nacionales de no actuar con celeridad y de desestimar la urgencia del caso durante la pandemia, permitiendo la construcción del puente que ha violado los derechos ambientales y sociales de los habitantes de Xochimilco.
“La obra ha causado severas sequías en los parajes representados por Juárez. Nunca había visto una situación tan grave. Quedamos completamente secos,” añadió Juárez. Además de los impactos ambientales, la demanda denuncia la violación al derecho de consulta de los pueblos y barrios originarios, ya que no se realizaron dichas consultas públicas antes de iniciar la obra, invisibilizando la condición de pueblo originario a los habitantes de Xochimilco.
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La restauración prometida del humedal no se ha llevado a cabo adecuadamente, existen zonas secas y agua estancada con cianobacterias, afectando gravemente al ecosistema. El gobierno de la Ciudad de México afirmó haber restaurado el humedal, pero inspecciones recientes demuestran que esto no es cierto. El daño ambiental continúa, sin resolver tampoco los problemas de tráfico que supuestamente justificarían la construcción del puente.
Los campesinos han recurrido a una demanda de amparo, obteniendo medidas cautelares que tampoco han sido cumplidas. “La Alcaldía de Xochimilco se niega a contribuir y ha sido omisa en resolver los problemas,” indicó Juárez. Además, hay una negativa por parte de la Alcaldía a compartir agua del Canal de Apatlaco, dicha tubería se encuentra controlada por ellos empeorando la situación en ciertas zonas de la chinampería.
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El amparo presentado por los campesinos reclama la omisión de garantizar un suministro de agua constante y la falta de cumplimiento del proyecto. “El juez dictó medidas cautelares, pero la obra sigue inconclusa y solo funciona al 50%,” detalló Juárez. La próxima audiencia, programada para el 2 de julio, analizará si las autoridades han incumplido la resolución judicial.
Los demandantes esperan que la CIDH admita la petición, iniciando un proceso donde el Estado mexicano deberá responder por los actos cometidos en perjuicio de los habitantes de Xochimilco y de la Ciudad de México en general. La responsabilidad directa de este ecocidio recae en la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien permitió la construcción del puente a pesar de las claras violaciones a los derechos ambientales y sociales.
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La comunidad de Xochimilco demanda una resolución que obligue al Estado a reparar los daños y a garantizar la protección de este invaluable patrimonio natural y cultural. Esta es la primera vez que la situación de los humedales de Xochimilco llega a una instancia internacional, y los activistas buscan justicia histórica por décadas de omisiones y daños al ecosistema y a las comunidades locales.