Cuidado con las mentiras de Monsanto, la siembra de maíz transgénico en México no ha pasado y no debe pasar.
Reproducimos el boletín de la Demanda Colectiva por la suspensión de siembra de Maíz transgénico en México, ante las mentiras que esta difundiendo Monsanto.
Boletín 19 de agosto de 2015
- Resolución de juez fue inmediatamente impugnada
- Apelación suspende la siembra de maíz transgénico
Hoy 19 de agosto de 2015, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito notificó que negaba la medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico, inmediatamente desde las nueve de la mañana la coalición de científicos y campesinos apeló la decisión.
La Colectividad del maíz que promovió el juicio de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico que por dos años ha impedido judicialmente su siembra, denunció que Monsanto ha iniciado una nueva campaña de mentiras, puesto que es falso que la siembra de maíz transgénico esté liberada, lo cierto es que está suspendida por la apelación que promovimos inmediatamente que fuimos notificados, declaró René Sánchez Galindo, abogado del grupo ciudadano.
El artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles que en estos casos la apelación suspende la ejecución “la apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo, y nosotros apelamos desde las 9 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto”, aclaró Galindo.
Por su parte, Adelita San Vicente, representante de la colectividad afectada por la posible siembra de maíz transgénico declaró que “la decisión judicial omitió resolver sobre todos nuestros argumentos y pruebas”.
Francia Gutiérrez, coordinadora de comunicación del colectivo detalló cada argumento que el juez omitió:
Los riesgos de sembrar, como por ejemplo, una vez liberados los transgénicos son incontrolables, de hecho debiendo existir cero presencia, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, reporta 89 casos de presencia ilegal de transgenes en maíces nativos en 6 estados del país a lo largo de una década; ello a pesar de que PROFEPA pretendió sorprender al juez reportando solo un caso aislado.
Tal descontrol es igual a NO conservar el entorno, NO garantizar necesidades y aspiraciones de generaciones futuras y a perder la participación de campesinos y productores en el intercambio libre de semillas. En otras palabras, la siembra de transgénicos de maíz dañará el derecho humano a la biodiversidad de todos los mexicanos que consumimos maíz.
Otros riesgos de su siembra que fueron omitidos de la decisión judicial son los relacionados con la salud. Puesto que la Secretaría del ramo y la COFEPRIS informaron al juez que estas autoridades sanitarias solo vigilan el consumo pero NO estudian los impactos de la siembra en la salud, a pesar de que cerca del 50% de la alimentación de los mexicanos (proteínas y calorías) proviene de comer productos del maíz que se siembran en nuestro país, hasta hoy libre de transgénicos.
Además la organización mundial de la salud, OMS, en marzo de este año, elevó la clasificación de posible a probable cancerígeno del glifosato, herbicida que utilizan todos los transgénicos de maíz que pretende sembrar la principal empresa trasnacional, también demandada en el juicio colectivo.
El incremento de costos y de plaguicidas es otro riesgo documentado en una investigación que la Comisión gubernamental de Bioseguridad, CIBIOGEM, citó en la opinión que rindió al juzgado federal y que éste dejó de considerar.
El juzgado también omitió analizar que los propios argumentos de empresas y gobierno se contradicen. Por ejemplo, las empresas hablan de mayor productividad, pero SAGARPA reconoció ante el Juez, que NO hay tal incremento. Afirman que con la siembra de transgénicos habría menores gastos en insumos, sin embargo, como vimos, la CIBIOGEM, citó un estudio que demuestra que se incrementan.
la decisión judicial apelada excluyó considerar que CONACYT reconoció, en la opinión que rindió al juez, que el motivo de la declinación de solicitudes de siembra experimental por parte de centros de investigación se debe a la ley de Bioseguridad que data del 2005, lo que implica que la suspensión provisional de 2013 NO es responsable del declive de la investigación nacional.
En síntesis, el juzgado solo consideró los argumentos de la empresa trasnacional y olvidó todo lo demás, afirmó Galindo, al tiempo que aseguró que en la apelación podrán ser escuchados y confió que obtendrán una decisión favorable.
Contactos:
René Sánchez Galindo
Tel: 5554364248
Correo: rene.sanchez.galindo@gmail.com
Francia Gutiérrez Hermosillo
Tel: 5539226898