El Gobernador Tello le Mintió El Pueblo Manda, NO A LA PRESA MILPILLAS
22 de enero del 2019
SR. PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL:
Hace ya ocho meses vivimos en Resistencia
contra la voluntad de unos cuantos poderosos
que se escudan en el gobierno.
Desde el 15 de octubre de 2018, un día después de la Asamblea Ejidal en la que el gobierno del Estado de Zacatecas intimidó y usó la fuerza pública para impedir el ejercicio del derecho a la libre determinación del Ejido El Potrero, se emprendieron una serie de acciones legales para defender el territorio ante la imposición de la Presa Milpillas. Le informamos que existen varios procesos jurídicos en curso que deben investigarse para deslindar responsabilidades y, en consecuencia, sancionar a quienes, de manera material o a través de su mando, han violado los derechos de quienes nos oponemos a la construcción de la Presa Milpillas en nuestros territorios.
Consideramos que no puede realizarse una “consulta pública” que determine si la Presa Milpillas debe construirse o no, ya que en estas circunstancias desiguales entre quienes promueven la obra y quienes defienden sus territorios, una consulta puede resultar en un mecanismo de legitimación más que un instrumento democrático, sería una vía de imposición disfrazada. Además, legalmente sería improcedente ya que aún no se resuelven las diferentes acciones legales que hemos emprendido para nuestra defensa ante las instituciones del Estado.
Nos referimos a: (1) Denuncia penal ante el Ministerio Público (folio: 344/2018 344); (2) Demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (folio:1710/2018); (3) Denuncia ante la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente (PROFEPA) (ingresada el 11 de enero del 2019); (4) Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CEDHEZ) (ingresada el 23/10/2018); y, (5) Quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (folios: 96192/2018, y 96259/2018). Todas ellas versan sobre ofensas e irregularidades cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y que no han sido esclarecidas. También hemos interpuesto en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria las quejas correspondientes (folio 96162 y 74/2018). Observamos que existe una serie de indicios de corrupción envueltos en la construcción de la obra que deben ser evidenciados y puestos a disposición de su conocimiento.
De manera específica, se tienen dos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, por amenazas e intimidaciones en el Ejido El Potrero, (folio: 344/2018 344), y otra por el daño a la propiedad en el ejido autoridades federales, estatales y municipales en la citada Asamblea del Ejido El Potrero, (ingresada el 23/10/2018). Del mismo modo, se presentó la ampliación y aportación de la queja ante la CNDH por la invasión a la propiedad colectiva del ejido Atotonilco. Existen otras dos quejas, una en la Quinta Visitaduría de la CNDH en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos; y otra, ante la Procuraduría Agraria Nacional en contra de los servidores públicos de diversas instituciones, entre ellas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacatecas y a quienes resulten responsables, en virtud de que con sus actuaciones violaron Derechos Agrarios definidos en términos generales en la Ley Agraria. (ingresada el 26 de octubre del 2018). Una queja ante la CDHEZ, por la intervención de autoridades estatales y municipales en la Asamblea del Ejido El Potrero, también existe una queja ante la Presidenta de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH por la intervención de autoridades federales, estatales y municipales en la citada Asamblea del Ejido El Potrero, (ingresada el 23/10/2018). Del mismo modo, se presentó la ampliación y aportación de la queja ante la CNDH por la invasión a la propiedad colectiva del ejido Atotonilco. Existen otras dos quejas, una en la Quinta Visitaduría de la CNDH en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos; y otra, ante la Procuraduría Agraria Nacional en contra de los servidores públicos de diversas instituciones, entre ellas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacatecas y a quienes resulten responsables, en virtud de que con sus actuaciones violaron Derechos Agrarios definidos en términos generales en la Ley Agraria.
Se cuenta con una demanda de Juicio de Nulidad por una Asamblea previa el 29 de abril de 2018 en el ejido El Potrero ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 1. En dicha asamblea tuvieron participación servidores públicos de la Secretaría de Gobierno de Zacatecas, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Presidencia Municipal de Jiménez del Teul y la Policía Estatal del estado de Zacatecas, (folio:1710/2018). Otra acción emprendida por las y los ejidatarios es la mencionada denuncia ante la PROFEPA, en la que se señala como responsables de los graves daños causados en el ejido Atotonilco a la empresa Materiales y Construcciones Camino Real, S.A. de C.V. y al Sr. Luis Fernando Maldonado Moreno, titular de la SAMA, misma que fue registrada el 11 de enero del 2019.
Asimismo, consideramos que antes de recurrir a una consulta pública debe atenderse a lo establecido en la Ley Agraria, la cual determina la propiedad colectiva y los derechos que les corresponden para dirimir en libertad lo que las y los ejidatarios decidan sobre su territorio, en un clima de seguridad y pleno ejercicio de sus derechos, no bajo amenazas, intimidación, cooptación y engaños. Por lo cual, consideramos necesario que usted conozca y tome en cuenta la esencia de nuestra digna lucha y se respete la ley.
Entiéndase que como ejidatarios y ejidatarias estamos en desventaja ante la Consulta que usted propuso el 18 de enero en Zacatecas porque el gobierno estatal ha desinformado a la gente, provocando miedo e incertidumbre en Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe sobre la posibilidad de quedarse sin agua, pero no saben que los acuíferos de la zona centro del estado todavía serían sobreexplotados por una tasa de 220.3 Mm3/año aún con los 41.0 Mm3/año que pudiera aportar el proyecto (de acuerdo a los estudios realizados por el académico Darcy Tetreault de la Universidad Autónoma de Zacatecas (https://goo.gl/noFUvY) y que quitarle a las y los campesinos su tierra para hacer una obra multimillonaria no va a resolver el problema hídrico de esta zona del estado porque la Presa Milpillas es un negocio y hay intereses ocultos de fondo por parte de quienes la promueven.
Esperamos que Usted escuche los argumentos críticos, que vea las pruebas que se tienen de las violaciones a causa del Proyecto Presa Milpillas y nos ayude a comprobar y castigar la corrupción que envuelve al proyecto, así como las alternativas que se han vertido al respecto. A continuación, le dejamos una lista de los temas que se deben de analizar a profundidad:
1.- Corrupción en torno a los negocios público-privados por el Proyecto de la Presa Milpillas: los convenios, los contratos y el posible destino del agua.
2.- Aspectos técnicos que corroboran la corrupción: manifestación de Impacto Ambiental deficiente y poco seria, pagos por estudios que no se hicieron e inexactitud sobre la recuperación del manto acuífero.
3.-Corrupción de las instituciones involucradas en la imposición del proyecto: funcionarios al servicio del poder, cooptación, moche, de arriba hacia abajo y la campaña de desinformación y desacreditación de las y los campesinos. Las instituciones no han defendido a las comunidades afectadas, se han confabulado con los capitales a favor de sus intereses.
4.- Procesos jurídicos emprendidos por el Movimiento en Defensa de Territorio y del Río Atenco.
5.- Violación de los derechos agrarios: asambleas amañadas, corrupción dentro de los ejidos, principalmente por los representantes, uso innecesario de la fuerza pública en asambleas, intimidación a las y los habitantes de los ejidos.
6.- Violación de los derechos humanos: importancia del agua del río Atenco para el municipio de Jiménez del Teul, impactos y daños. Violación de los derechos humanos de los campesinos y los trabajadores del campo del Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A T E N T A M E N T E
Ejidatarias y ejidatarios de El Potrero,
Estancia de Guadalupe, Atotonilco y Corrales
Ciudadanas y ciudadanos que vivimos en los ejidos, localidades río abajo y la cabecera municipal de Jiménez del Teul.