Crisis inducida para la privatización

La presa, construida en el Río Verde, impulsada por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato y con la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anunció después del fallido proyecto de San Nicolás, primero sólo para dar agua a León, Guanajuato, y después, con la elevación de la cortina de 80 metros a 105, a Guadalajara y los Altos de Jalisco también.

En el caso de Jalisco, con la presa Arcediano –proyecto que pretendía dar agua a la zona metropolitana de Guadalajara, de uno de los ríos más contaminados del país, el Santiago- la sociedad civil e instituciones académicas promovieron un debate para tener un propuesta integral de gestión de agua a largo plazo, sustentable y con respeto a los derechos humanos. La propuesta fue ignorada por el gobierno de Jalisco y por los responsables de la política hídrica.

Arcediano fue impulsada por las mismas autoridades que promovieron la presa El Zapotillo, y desde su inicio hasta 2009, cuando se anunció su cancelación, implicó un gasto de 700 millones de pesos, además de la destrucción del puente de Arcediano y el desplazamiento del poblado del mismo nombre.

Según la Comisión Mundial de Represas, una presa tendría que ser la última opción para solucionar los problemas energéticos o de abastecimiento de agua. Pero en Jalisco las autoridades soslayan opciones como la reducción de la demanda, mejorar la gestión del agua superficial y subterránea, el uso de ecotecnias, modernizar las redes de distribución, reestructurar los sistemas tarifarios existentes, educación ambiental a la población sobre el uso racional del agua, protección de las cuencas, etcétera.

Gracias a la lucha de la comunidad de Temacapulín, que quedaría inundada por el embalse de El Zapotillo, las comunidades empezaron a cuestionar la idea que los impulsores de la presa gritaban a los cuatro vientos, de que la infraestructura que se construye en los Altos de Jalisco sería la solución a la problemática hídrica de la región.
Arturo Gleason Espíndola, académico de la Universidad de Guadalajara, menciona que la capital de Jalisco utiliza aproximadamente 284 millones de metros cúbicos de agua para cubrir sus necesidades, esto es nueve metros cúbicos por segundo, y demanda tres metros cúbicos por segundo más para resolver su déficit actual.

Según el proyecto oficial, comenta, la presa El Zapotillo almacenará esos tres metros cúbicos por segundo, o 94 millones de metros cúbicos por año. Pero, advierte, sería mejor recuperar 0.5 metros por segundo o 16 millones de metros cúbicos al año de más de 30 manantiales, y recuperar 3.5 metros cúbicos por segundo o 113 millones de metros cúbicos al año de fugas. Asimismo, captar del agua de lluvia un metro cúbico por segundo o 32 millones de metros cúbicos al año, y ahorrar 1.8 metros cúbicos por segundo o 56.8 millones de metros cúbicos al año con cambios de inodoros en la ciudad. Con estas acciones se cubriría sobradamente lo que ofrece El Zapotillo.

Una de las razones por las cuales se impulsan los grandes proyectos de infraestructura es que son buenos negocios. La presa El Zapotillo está siendo construida por las empresas españolas FCC y las mexicanas Grupos Hermes y la Peninsular, las dos últimas propiedad de Carlos Hank Rohn, con un costo hasta el el 29 de abril de 2014 de 17 mil 650 millones, mucho más de lo propuesto en un inicio.

Otro de los puntos alarmantes del proyecto es el acueducto que permitiría el trasvase del agua a León. Éste representa un negocio importante de privatización del agua en donde la principal beneficiaria es Abengoa, también de origen español.

Los pobladores de los Altos han manifestado su preocupación por el trasvase, pues serían afectados. Esta zona es la principal productora de alimentos de origen animal en el país. Ahí se obtiene el 88 por ciento del huevo y 22 por ciento de la proteína total producida en México.

Los habitantes de Temaca, expertos en el tema, afirman que el agua de la presa El Zapotillo no sería para abastecer a la ciudadanía de León, Guanajuato, sino para las empresas y compañías nacionales y trasnacionales inversionistas del proyecto Puerto Seco o Guanajuato Puerto Interior y para las agroindustrias de la región.

Así, con un argumento de «utilidad pública», quieren despojar a comunidades de su territorio y privatizar el agua del Río Verde.

La gestión del agua y su aprovechamiento deberían realizarse de una manera sustentable, bajo los principios de equidad, justicia y participación democrática. Eso no está ocurriendo aquí.

En el aspecto legal, la comunidad de Temaca ha obtenido logros importantes. El año pasado se dio la Sentencia 93/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y allí se menciona que la cortina de la presa no debe rebasar los 80 metros. En mayo de este año el Juzgado Primero de Distrito emitió una suspensión definitiva que impide al gobierno de Jalisco involucrarse en la construcción de la presa, y estableció que la cortina de ésta debe mantenerse debajo de los 80 metros de alto. Y a inicios de junio, con expediente 1046/2014, se otorgó la suspensión definitiva concedida por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo contra la edificación de la presa El Zapotillo, pero no se limitó a prohibir acciones del gobierno del estado; también abarcó en la prohibición al organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad que es la promotora central del proyecto mencionado. La sentencia dice que ninguna máquina ni obrero pueden estar hoy trabajando en la construcción sobre el Río Verde.

Es claro que El Zapotillo no beneficia a los habitantes del occidente del país. No es la solución a la problemática del agua en Jalisco, e implica la violación de los derechos humanos de las comunidades que serían inundadas, el desvío de poder del gobierno para beneficio de empresas privadas y la falta de una política hídrica integral de largo plazo para la región.

La presa El Zapotillo en una de la muchas caras de la privatización del agua que se vive en Jalisco y en México.